Tomás Rengifo llega a la Alcaldía de Popayán mientras Edwin Muñoz sale con una gestión bajo serios cuestionamientos
El hijo de Diana Nelly Fuentes, quien enfrentó al actual alcalde en las elecciones de 2023.
Asumió este viernes la Secretaría General de Popayán. Su llegada coincide con la salida de Edwin Muñoz, cuyo paso por la administración deja controversias sobre contratación, bienes públicos y atención a la ciudadanía.
Este viernes 23 de octubre de 2026 se posesiono Tomás Rengifo Fuentes como nuevo secretario general de la Alcaldía de Popayán, en reemplazo de Edwin Heiver Muñoz Vásquez.
El relevo reúne dos asuntos de especial interés ciudadano: la incorporación al gabinete de un integrante de la familia de una antigua adversaria electoral del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo y la salida de un funcionario cuya gestión ha sido cuestionada en distintas investigaciones de este medio y debates de control político.
Tomás Rengifo es hijo de Diana Nelly Fuentes Meneses, excandidata a la Alcaldía, y sobrino del exalcalde Francisco Fuentes Meneses.
Edwin Muñoz, por su parte, deja un cargo estratégico desde el cual tuvo responsabilidades en la administración de bienes municipales, la gestión del talento humano y la contratación pública.
Su nombre también ha sido mencionado entre los posibles aspirantes a la Alcaldía en 2027.
Pero antes de hablar de candidaturas, alianzas o sucesiones políticas, corresponde examinar una cuestión elemental: ¿qué balance deja Edwin Muñoz de su paso por la Secretaría General y cuáles de los cuestionamientos conocidos han sido suficientemente aclarados?
Las Hermanas Rosaristas: una controversia que puso a prueba la sensibilidad de la administración
Uno de los episodios más recordados ocurrió en mayo de 2025, cuando se conoció la solicitud de restitución de un inmueble municipal ocupado históricamente por las Hermanas Rosaristas, en el barrio Alfonso López.
Durante más de cuatro décadas, esta comunidad religiosa desarrolló labores sociales, educativas y pastorales dirigidas a niños y familias vulnerables.
El 17 de mayo de 2025, PeriódicoVirtual.com publicó la preocupación expresada por el sacerdote José Fabián Camayo Jaramillo, quien denunció que las religiosas habían recibido un requerimiento para abandonar el inmueble en un plazo de 15 días.
La actuación fue liderada por la Secretaría General, bajo la dirección de Edwin Muñoz.
La administración argumentó que el comodato suscrito en 1982 había perdido vigencia y que existía una obligación legal de recuperar el control del bien público.
En la sesión del Concejo del 3 de junio de 2025, Muñoz defendió el procedimiento y sostuvo que no se había ordenado ni ejecutado un desalojo, sino solicitado la restitución administrativa del predio. También informó sobre las mesas de diálogo adelantadas con la comunidad religiosa y la Arquidiócesis.
Sin embargo, varios concejales cuestionaron la manera en que se tramitó el conflicto y reclamaron mayor sensibilidad frente a la labor de las religiosas.
El debate dejó una lección administrativa: tener argumentos jurídicos para reclamar un inmueble no elimina la obligación de valorar sus consecuencias sociales.
La controversia no demuestra por sí sola una actuación ilegal del secretario. Pero sí permite examinar la manera en que su dependencia afrontó un conflicto con una comunidad que llevaba décadas prestando servicios a población vulnerable.
Juan David Ortega
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Los pensionados también reclamaron respuestas
El caso de las religiosas no fue el único conflicto relacionado con la administración de inmuebles.
El pasado 15 de octubre, PeriódicoVirtual.com informó sobre los cuestionamientos presentados por el personero municipal, Daniel Oviedo, ante el Concejo de Popayán.
El funcionario denunció que la Unión de Pensionados del Municipio de Popayán, Unipempo, había presentado solicitudes relacionadas con los espacios que utiliza en el sector del antiguo Idema, sin obtener las respuestas formales correspondientes.
Según lo expuesto por el personero, existían comunicaciones radicadas el 4 de julio y el 1 de octubre de 2024, dirigidas a gestionar reuniones y mejoras en las instalaciones.
El señalamiento resulta especialmente relevante porque provino del representante del Ministerio Público en el municipio.
No se trataba de exigir que la Alcaldía aceptara todas las peticiones de los pensionados, sino de reclamar algo más elemental: que fueran atendidas y respondidas conforme a la ley.
El personero también manifestó preocupación por versiones según las cuales la administración pretendía destinar el espacio utilizado por la asociación a otros fines.
Este episodio exige una explicación sobre las actuaciones adelantadas por la Secretaría General y el trámite dado a las peticiones.
Un funcionario público no puede medir su gestión únicamente por la cantidad de expedientes que tramita. También debe responder por la atención efectiva a los ciudadanos.
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Más de $7.545 millones en contratos bajo la Secretaría General
La gestión contractual constituye otro capítulo fundamental del balance de Edwin Muñoz.
Una investigación de PeriódicoVirtual.com, publicada el 3 de agosto de 2026 a partir de información registrada en SECOP II, identificó 146 contratos en los que el secretario general figuraba como ordenador del gasto, con un valor contractual vigente superior a los $7.545 millones.
Del total, 143 contratos correspondían a contratación directa por $4.593,4 millones.
La revisión encontró otros datos relevantes: entre el 27 y el 29 de enero de 2026 se suscribieron 79 contratos, por un valor conjunto de $2.342,8 millones.
Además, Muñoz aparecía como supervisor de 54 contratos por aproximadamente $2.167,4 millones.
Estas cifras corresponden a compromisos contractuales registrados en SECOP II, no a pagos efectivos ni a pérdidas de recursos.
La contratación directa está permitida por la legislación colombiana bajo determinados supuestos, y las cifras no constituyen por sí mismas prueba de corrupción.
Sin embargo, el volumen de procesos y su concentración temporal justifican preguntas concretas sobre las necesidades de personal, la planeación administrativa y los mecanismos de supervisión.
¿Por qué una sola dependencia necesitó 143 contratos directos? ¿Qué resultados concretos produjeron esos compromisos? ¿Cómo se garantizó el seguimiento de los 54 contratos que figuraban bajo supervisión del secretario?
La investigación identificó, además, contratos con objetos similares y valores repetidos, circunstancias que deben contrastarse con la planta de personal y las necesidades institucionales para establecer si estuvieron suficientemente justificadas.
La discusión no consiste en afirmar que todo contrato de prestación de servicios es innecesario. Consiste en determinar si los recursos públicos fueron utilizados de manera eficiente y si los resultados corresponden al volumen de obligaciones asumidas.
Alexander Casas Prado
Cinco permisos de pico y placa que todavía merecen explicaciones
En septiembre de 2026, otra investigación de este medio reveló que la Secretaría de Tránsito había autorizado cinco vehículos relacionados con la Secretaría General para circular durante los horarios de pico y placa.
El permiso expedido el 26 de enero de 2026 invocaba una excepción contenida en el Decreto Municipal 20261000000355.
Sin embargo, la causal citada contemplaba determinadas dependencias municipales y no mencionaba expresamente a la Secretaría General.
La diferencia entre la disposición y el permiso concedido abrió interrogantes sobre el fundamento jurídico de las autorizaciones.
La decisión administrativa fue expedida por la Secretaría de Tránsito, por lo que no corresponde atribuir automáticamente su expedición a Edwin Muñoz.
No obstante, la relación de los beneficiarios con la dependencia bajo su dirección justifica pedir claridad sobre las solicitudes presentadas y las razones de servicio que sustentaron las excepciones.
Porque la igualdad ante las normas de tránsito también debe aplicarse a quienes trabajan dentro de la administración.
James Ruiz
Edwin Muñoz sale, pero las preguntas sobre su gestión permanecen
La Secretaría General también estuvo vinculada a la controversia institucional sobre la provisión de empleos de carrera mediante concursos de mérito.
En febrero de 2026, PeriódicoVirtual.com documentó los retrasos y la falta de información pública sobre requisitos necesarios para avanzar en el Proceso de Selección Territorial 2026.
Posteriormente, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Alcaldía sostuvieron reuniones y anunciaron compromisos para dar continuidad al proceso.
Estos antecedentes, junto con las reclamaciones sobre bienes municipales y los cuestionamientos contractuales, hacen parte del balance que debe examinarse cuando un funcionario de alto nivel deja su cargo.
También es necesario reconocer que la Secretaría General reportó una ejecución presupuestal del 91,54 % para 2024, según el informe presentado al Concejo en abril de 2025. En esa misma sesión, los concejales plantearon inquietudes por los rezagos en inversión y la gestión de inmuebles.
La evaluación de un secretario no puede reducirse a cifras presupuestales, ni exclusivamente a las controversias que enfrentó.
Debe incluir resultados concretos, respuestas documentadas y cumplimiento de sus competencias.
Y si Edwin Muñoz pretende participar en las próximas elecciones, estas cuestiones adquieren todavía mayor relevancia para el debate público.
Renunciar a la Secretaría General no cierra los interrogantes sobre las decisiones tomadas durante el ejercicio del cargo.
Diana Fuentes y Juan Carlos Muñoz Bravo: ¿qué cambió desde las elecciones de 2023?
Mientras Edwin Muñoz se retira, la llegada de Tomás Rengifo Fuentes abre otro frente de discusión.
Su madre, Diana Nelly Fuentes Meneses, fue una de las principales competidoras de Juan Carlos Muñoz Bravo en las elecciones del 29 de octubre de 2023.
Diana Fuentes obtuvo 30.378 votos con el aval del Partido Conservador, frente a los 36.581 sufragios alcanzados por Muñoz Bravo.
La diferencia entre ambos fue de 6.203 votos.
La familia Fuentes cuenta con una larga trayectoria política y empresarial en Popayán. Francisco Fuentes Meneses ejerció la Alcaldía durante el período 2012-2015, mientras Diana ha ocupado cargos públicos y ha mantenido presencia en la política conservadora.
Por eso, la designación de Tomás Rengifo tiene una dimensión política que no puede ignorarse.
Es legítimo que antiguos adversarios encuentren coincidencias y decidan participar de un mismo proyecto administrativo. Lo que corresponde conocer son las razones de ese acercamiento, especialmente cuando implica el nombramiento de un familiar en una posición de confianza.
No existe información pública suficiente para asegurar que Diana Fuentes haya pactado respaldos electorales a cambio de la designación de su hijo.
Tampoco sería correcto desconocer la autonomía personal de Tomás Rengifo o prejuzgar su idoneidad por los vínculos familiares.
Pero el alcalde sí debe poder explicar por qué lo escogió, cuáles son sus credenciales profesionales y qué responsabilidades asumirá al frente de una dependencia con un historial de asuntos pendientes.
Un cambio de secretario en plena antesala electoral
Las elecciones territoriales tendrán lugar el 31 de octubre de 2027.
La legislación establece restricciones para determinados funcionarios que hayan ejercido autoridad política, civil o administrativa durante los doce meses anteriores a los comicios.
La interpretación de Función Pública señala que un secretario municipal que aspire a ser alcalde del mismo municipio debe retirarse oportunamente para evitar las inhabilidades correspondientes.
Por eso, una salida de Edwin Muñoz en octubre de 2026 tiene particular relevancia electoral, aunque no constituye prueba de una candidatura formal ni de una alianza ya acordada.
Una cosa es ejercer el derecho legítimo a aspirar a un cargo de elección popular y otra es utilizar las responsabilidades públicas para obtener ventajas electorales.
Cualquier denuncia sobre esta última circunstancia debe sustentarse en hechos verificables.
Popayán necesita explicaciones, no solamente nuevos nombramientos
Este relevo plantea responsabilidades para quienes salen y para quienes llegan.
Edwin Muñoz deja una dependencia sobre la cual existen investigaciones periodísticas, denuncias públicas y cuestionamientos de control político que merecen seguimiento.
Tomás Rengifo asumirá el desafío de demostrar que su gestión puede evaluarse por méritos y resultados propios, independientemente del apellido que lleva.
Y Juan Carlos Muñoz Bravo tiene la responsabilidad de justificar las decisiones de su gabinete y explicar cómo contribuyen a resolver los problemas de la ciudad.
La trayectoria empresarial y las relaciones políticas pueden facilitar acuerdos, pero no reemplazan la rendición de cuentas. Tampoco bastan para demostrar capacidad administrativa.
La ciudadanía tiene derecho a preguntar qué resultados produjo la Secretaría General, cuáles conflictos siguen sin resolverse y cuáles serán los compromisos concretos de su nuevo titular.
Porque cambiar de secretario no equivale a corregir los problemas de una dependencia. Y dejar el cargo no significa que desaparezca la responsabilidad de explicar las decisiones adoptadas.
La Alcaldía de Popayán no pertenece a un alcalde, a una familia ni a un grupo político. Es una institución pública cuyo funcionamiento debe responder al interés general.
Una apuesta de alto riesgo: ¿qué gana la familia Fuentes vinculándose a este gobierno?
Hay decisiones políticas difíciles de comprender, y la llegada de Tomás Rengifo Fuentes al gobierno de Juan Carlos Muñoz Bravo es una de ellas.
Resulta particularmente arriesgado que un joven integrante de una familia con reconocida trayectoria empresarial y política decida vincular su futuro profesional a una administración que enfrenta cuestionamientos tan severos que, desde distintos espacios de opinión, ha llegado a ser señalada como una de las peores de los últimos tiempos.
La expresión es una valoración política, no una clasificación histórica demostrada. Sin embargo, los cuestionamientos que la alimentan no pueden ignorarse: controversias por contratación, problemas administrativos, decisiones discutidas ante el Concejo y una creciente exigencia ciudadana de resultados concretos.
¿Qué necesidad tiene la familia Fuentes de asumir semejante riesgo político y reputacional?
Diana Nelly Fuentes enfrentó al actual alcalde en las elecciones de 2023 y consiguió el respaldo de más de 30.000 ciudadanos. Hoy su hijo entra a formar parte del mismo gobierno al que entonces se presentó como alternativa.
Por supuesto, Tomás Rengifo es autónomo para tomar sus decisiones. Su juventud no lo descalifica, su apellido no lo condena y el cargo público al que llega no puede convertirse en motivo para prejuzgarlo.
Pero tampoco puede desconocer que, desde el momento en que asuma la Secretaría General, su nombre comenzará a asociarse con los resultados, las decisiones y las controversias de esta administración.
Y si existe un respaldo político de su familia a esta decisión, sería razonable que los ciudadanos conocieran sus motivos.
En Popayán conocemos una realidad que muchas veces condiciona la política: las dificultades económicas y la necesidad de empleo pueden llevar a numerosas personas a acercarse al poder. Como dice mi madre, "la necesidad tiene cara de perro".
Pero cuando se trata de una familia con trayectoria empresarial, experiencia administrativa y una posición reconocida en la política local, las preguntas son distintas.
¿Qué proyecto de ciudad justifica este acercamiento? ¿Qué coincidencias surgieron después de haber competido en las urnas? ¿Qué resultados espera producir Tomás Rengifo desde la Secretaría General que no se hayan conseguido hasta ahora?
Y, especialmente, ¿por qué asumir el costo político de incorporarse a un gobierno cuya gestión ha sido objeto de críticas tan profundas?
La respuesta no puede reducirse a un nombramiento ni a las conveniencias de una coyuntura electoral.
La trayectoria de la familia Fuentes no garantiza el éxito de Tomás Rengifo, pero el desempeño de este gobierno sí puede terminar afectando la percepción ciudadana sobre su decisión de participar en él.
Popayán necesita dirigentes que expliquen sus decisiones, que defiendan sus convicciones con coherencia y que entiendan que el poder público no es un espacio para resolver compromisos particulares.
Si Tomás Rengifo llega para transformar la manera de administrar, deberá demostrarlo con hechos. Si su familia considera que existe una oportunidad real de mejorar el gobierno municipal, sería importante conocer las razones.
Porque una cosa es construir acuerdos para sacar adelante una ciudad y otra muy distinta es participar en una administración sin explicar qué cambió respecto de las diferencias políticas del pasado.
Al final, el verdadero riesgo no está en aceptar un cargo público. Está en comprometer un nombre, una trayectoria familiar y una credibilidad política con decisiones y resultados sobre los cuales después habrá que responder ante los ciudadanos.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿qué gana Popayán con este relevo y qué respuestas deja pendientes la administración que lo decidió?
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