Accidente de Monster Truck en Popayán: Las fallas de la Secretaría de Gobierno y Gestión del Riesgo
La muerte de dos niñas y una joven destapa graves contradicciones documentales. La administración municipal autorizó el riesgoso evento automotor bajo la categoría de "artes escénicas", respaldado por un plan de contingencia insuficiente para la magnitud del riesgo.
Una jornada de adrenalina y esparcimiento familiar terminó en una tragedia sin precedentes en Popayán. La tarde de este domingo 3 de mayo, la piloto Sonia Segura perdió el control de su Monster Truck durante el cierre del evento en el Boulevard Rose, embistiendo violentamente a la multitud. El fatídico saldo confirmado es de tres mujeres fallecidas, dos de ellas menores de edad, y 38 espectadores heridos, un hecho de sangre que hoy deja al descubierto severas fallas logísticas y cuestionables autorizaciones emitidas por la administración municipal.
Crónica de un desastre anunciado El espectáculo automotor, que generaba alta expectativa desde su promoción en abril, congregó a cientos de familias caucanas en un escenario no habilitado estructuralmente para deportes a motor de alto impacto. Según testigos presenciales y registros en video, el vehículo modificado de llantas gigantes aceleró sin control hacia la zona de espectadores, arrollando todo a su paso hasta frenar contra un poste de alumbrado público.
Las autoridades y personal médico confirmaron que las víctimas mortales fueron las menores Hellen Mariana Velarde Muñoz y Luna Saray Toro Hurtado, así como la joven María Camila Fierro. Tras la emergencia, organismos de socorro acudieron al lugar y los heridos fueron trasladados en medio del caos a centros asistenciales como el Hospital San José, la Clínica San Rafael, la Clínica La Estancia y el Hospital Susana López de Valencia.
El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, se pronunció al respecto: “Nos duele profundamente este accidente registrado en el sector de Bulevar Rose”, anunciando acompañamiento institucional. Sin embargo, los documentos oficiales apuntan a la propia administración.
Las graves irregularidades en los permisos
Una rigurosa revisión documental realizada por el equipo de PeriódicoVirtual.com a los permisos otorgados por la Alcaldía revela un alarmante contraste entre la magnitud del riesgo de este evento y la permisividad de las autoridades:
- Clasificación inadecuada del riesgo: Mediante la Resolución N° 20261200081324 del 29 de abril de 2026, la Secretaría de Gobierno Municipal otorgó la autorización a la organizadora Blanca Nury Meneses, catalogando insólitamente el evento de motores extremos como un "espectáculo público de las artes escénicas" amparado en la Ley 1493 de 2011. Tratar un Monster Truck legalmente como si fuera una obra de teatro eximió a los promotores de cumplir con estrictas normativas técnicas para deportes a motor.
- Contingencia irrisoria: La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres avaló un plan de seguridad precario para un aforo autorizado de 1.000 personas frente a vehículos pesados. El documento aprobado detalla la presencia de una sola ambulancia básica (TAB) y apenas cinco socorristas de la Cruz Roja.
- Seguridad y contención casi nulas: Para mitigar el riesgo de fuego en un evento con combustible y maquinaria pesada, el plan registraba únicamente el uso de extintores de 5 y 10 libras. Peor aún, no hay un solo registro documental que exija barreras físicas contundentes (como muros Jersey de concreto) para separar la pista de las graderías, dejando al público a merced de "monitores de zona".
- Contradicción en boletería: Mientras la resolución de la Alcaldía autorizó el ingreso registrando 1.000 boletas de localidad "General" a $40.000 pesos, el material promocional oficial del evento vendía zonas "VIP" a $70.000 y "Zona Élite" a $140.000.
Juan David Ortega
Este siniestro trasciende la fatalidad accidental; expone lo que podría ser una grave omisión y negligencia administrativa. Que la Alcaldía de Popayán evalúe y apruebe acrobacias con vehículos modificados de varias toneladas basándose en las normativas para "artes escénicas" demuestra un vacío técnico y de control que puso en riesgo inminente a la ciudadanía. Las familias asisten a estos espectáculos asumiendo que el Estado verificó de manera responsable las garantías de seguridad vital; hoy, se evidencia que esas garantías fallaron desde el escritorio de la administración local.
Popayán está de luto y exige respuestas concretas. Ahora, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría deberán iniciar investigaciones exhaustivas para determinar las responsabilidades penales y disciplinarias, no solo de la piloto y los organizadores, sino de los funcionarios de la Secretaría de Gobierno y Gestión del Riesgo que estamparon su firma aprobatoria. Mientras tanto, varios de los heridos continúan en delicado estado de salud.
La tragedia del Boulevard Rose de Popayán debe marcar un antes y un después en la concepción del servicio público, desnudando la cobardía burocrática detrás de las firmas que autorizan a sabiendas de un peligro inminente. El servidor público tiene una vocación sagrada: la protección de la vida humana. Cuando un funcionario utiliza su firma para tramitar permisos que categorizan maliciosamente acrobacias de alto riesgo como "arte" para eludir responsabilidades, o cuando aprueba un plan de contingencia irrisorio y se escuda cínicamente en "notas aclaratorias", que pretenden absolverlo de las consecuencias de su propio aval, está abdicando de su deber fundamental. Las firmas en estos documentos oficiales sellaron el destino de Hellen Mariana Velarde, Luna Saray Toro Hurtado y María Camila Fierro, dejando en evidencia que aprobar un plan de contingencia "sobre papel" sin verificar la seguridad real de la pista o la cobertura logística, es una negligencia criminal. El verdadero servidor público no protege su firma con disfraces administrativos; protege vidas en la realidad. Las firmas en los permisos nunca deben volver a estar sobre ataúdes de niños.
Información en desarrollo, a la espera de nuevos reportes médicos oficiales y pronunciamientos de los entes de control.
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