Tras violento intento de fuga, en Popayán comenzará la reubicación de reclusos de la carceleta Laura Valencia a cárceles del Cauca
La determinación de reubicar este centro transitorio se dio en medio de los fuertes cuestionamientos al alcalde por la extremeda demora para atender a la comunidad y comercantes afectados por esta medida temporar de volver una escuela en cárcel.
Antes de que se registrara el reciente intento de fuga que obligó a la Policía a realizar disparos de advertencia para controlar la situación, la Alcaldía de Popayán estaba en la obligación de darle una solución para descongestionar la carceleta que funciona en las antiguas instalaciones de la Institución Educativa Laura Valencia.
Ahora, tras ese episodio, la administración municipal dará un paso clave con la firma de un convenio junto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para trasladar a decenas de personas privadas de la libertad hacia otros centros de reclusión del departamento.
El acuerdo será oficializado este jueves en un acto protocolario que tendrá lugar en el Parque Caldas y contará con la presencia del alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, así como de directivos del Inpec. La iniciativa busca reducir el hacinamiento que enfrenta la carceleta Laura Valencia, ubicada entre los barrios Modelo y San Francisco, además de disminuir los riesgos de seguridad que durante los últimos meses han generado preocupación entre las autoridades y la comunidad.
Según la información conocida, los internos que ya cuentan con medida de aseguramiento y se encuentran judicializados por diferentes delitos serán trasladados principalmente a la cárcel San Isidro de Popayán. Asimismo, otros serán reubicados en establecimientos penitenciarios de municipios como Silvia, dependiendo de la disponibilidad de cupos que exista en cada centro de reclusión.
La decisión cobra especial importancia luego de los hechos ocurridos al mediodía del miércoles 22 de julio, cuando varios detenidos intentaron escapar de la carceleta. En medio del operativo de contención, uniformados de la Policía Nacional realizaron disparos de advertencia para impedir la fuga, logrando controlar la situación y evitando que los privados de la libertad abandonaran las instalaciones.
Ese episodio volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrenta este centro de detención transitorio, el cual ha sido objeto de constantes cuestionamientos por el elevado hacinamiento, las limitadas condiciones de infraestructura y su ubicación en una zona residencial cercana al centro histórico de Popayán.
Las autoridades municipales han reconocido que mantener una carceleta en esas condiciones representa un riesgo permanente para la seguridad ciudadana. Incluso, desde la administración local se ha calificado esta situación como una verdadera "bomba de tiempo", heredada de la administración anterior y que requería una intervención urgente para evitar nuevos incidentes.
Con el convenio suscrito con el Inpec, el municipio espera comenzar un proceso gradual de descongestión que permita reducir significativamente el número de personas recluidas en Laura Valencia, mejorando tanto las condiciones de custodia como la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de la vigilancia.
Aunque la Alcaldía confirmó la firma del acuerdo, hasta el momento no se han dado a conocer los detalles financieros del convenio. Tampoco se ha informado cuál será el costo que deberá asumir el municipio para cubrir el traslado de los internos y garantizar su permanencia en los diferentes establecimientos penitenciarios que los recibirán.
Las autoridades señalaron que la medida no solo busca disminuir el hacinamiento, sino también fortalecer la seguridad en el sector y reducir el riesgo de nuevos intentos de fuga, una preocupación que se incrementó tras el operativo registrado esta semana.
Con esta estrategia, la administración municipal pretende avanzar en la solución de uno de los problemas más complejos en materia de seguridad y justicia que enfrenta actualmente Popayán, mientras continúa coordinando con el Inpec y las autoridades judiciales la reubicación progresiva de las personas privadas de la libertad hacia centros penitenciarios con mayor capacidad de alojamiento.