Tribunal de Cundinamarca pone en jaque el traslado de la posesión de Abelardo de la Espriella a Cali
La acción popular cuestiona el cambio de sede de la ceremonia por presuntas afectaciones al patrimonio público, la moralidad administrativa y otros derechos colectivos, mientras avanza el estudio del caso.
En una decisión que añade incertidumbre a la transición de mando en Colombia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que busca suspender el traslado de la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella a Cali. La medida cautelar obliga a las autoridades a presentar informes urgentes sobre la viabilidad técnica y de seguridad de este cambio de sede, tradicionalmente realizado en Bogotá .
El magistrado Luis Manuel Lasso Lozano fijó un plazo que vence este martes 4 de agosto a las 5:00 p. m. para que el Congreso y otras entidades entreguen los soportes requeridos. La demanda, interpuesta por David Fernando Cano Mazuera, argumenta que el traslado podría vulnerar derechos colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y la seguridad ciudadana.
La acción judicial no pretende anular el acto constitucional, sino asegurar que la reubicación cuente con sustento logístico y jurídico. El demandante exige claridad sobre el acuerdo entre cámaras y estudios presupuestales que justifiquen el gasto de movilizar la infraestructura legislativa a la capital del Valle.
El cambio de sede fue aprobado por el Congreso con 117 votos en la Cámara y 58 en el Senado. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, defendió el proceso señalando que la logística está en marcha, aunque aclaró que el Legislativo solo cubrirá tiquetes aéreos, excluyendo hospedajes .
La petición provino directamente de De la Espriella. Inicialmente, se consideró una guarnición militar en el Cauca o la ciudad de Popayán, pero estas opciones se descartaron por la actividad del volcán Puracé y complicaciones climáticas. Finalmente, se eligió la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali para el juramento ante el Congreso en pleno.
A solo tres días de la fecha prevista, Cali se prepara bajo estrictas medidas de seguridad y decretos de ley seca. Sin embargo, el protocolo queda supeditado a la decisión del Tribunal tras analizar los informes. De prosperar la medida cautelar, la ceremonia podría verse obligada a retornar a Bogotá o enfrentar una suspensión provisional de los actos que autorizaron el traslado.
«El objeto de la demanda es que cualquier decisión de reubicación se ejecute con soporte documental, presupuestal y de seguridad suficiente», destaca el auto del Tribunal .
La opinión pública sigue atenta a este conflicto jurídico que marca el inicio del gobierno de De la Espriella, en un clima de vigilancia sobre el uso de recursos públicos para actos oficiales.