La salida de Lizeth Plazas de Tránsito expone la profunda crisis ética y administrativa en la Alcaldía de Popayán
Mientras el abogado Juan Carlos Cajiao asume la cartera en calidad de encargado, los escándalos por la anulación de comparendos a familiares de aliados políticos y la gestión burocrática ponen en evidencia la falta de decencia en el gobierno municipal.
La ingeniera Lizeth Vanessa Plazas Quibano dejó de manera definitiva la Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán en medio del colapso del tráfico local, investigaciones de los organismos de control y graves cuestionamientos por presunto favorecimiento político. Para suplir la vacante de manera temporal mientras se define un titular en propiedad, el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo designó en calidad de encargado al abogado Juan Carlos Cajiao Ortega.
La salida de Plazas Quibano ocurre tras meses de reclamos ciudadanos por la parálisis en la red semafórica y denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo sancionatorio de la dependencia. El episodio más crítico involucra la expedición de una serie de resoluciones, entre ellas la Resolución 46672, mediante las cuales se habrían anulado 22 órdenes de comparendo por un monto superior a los $25 millones de pesos.
Dichas sanciones viales recaían sobre Lali Marien Gómez Escobar y María Nelchi Rosero Pasinga, esposa y madre respectivamente del representante a la Cámara por el Cauca, Jorge Bastidas. Los expedientes administrativos justificaron las revocatorias argumentando presuntas "suplantaciones" e "indebidas notificaciones", pero sin contar con decisiones penales o dictámenes forenses que sustentaran legalmente tales medidas.
Favorecimiento político y presuntas irregularidades sancionatorias
Las investigaciones periodísticas revelaron que los trámites para eximir del pago de multas a las familiares del congresista se ejecutaron bajo un procedimiento expedito que generó alertas en la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.
- Monto de la anulación: Las 22 resoluciones individuales dejaron sin efecto sanciones de tránsito que superaban los $25 millones de pesos.
- Falta de soporte legal: Se invocó la figura de "suplantación de identidad" sin anexar decisiones penales previas que la acreditasen en los expedientes.
- Maniobras posteriores: Cuando el caso tomó dimensión pública, funcionarios intentaron revertir las revocatorias, actuación calificada por juristas como nula de pleno derecho.
"Lo más grave no es el error administrativo, sino la intención: usar el Estado como mesa de auxilios personales".
Alexander Casas Prado
Un patrón institucional: Planeación y Secretaría General
La crisis en Tránsito no es un hecho aislado, sino el reflejo de un estilo de gobierno donde los principios de transparencia y decencia pública parecen haber quedado relegados frente al cálculo político.
En la Secretaría de Planeación, bajo la dirección de Víctor Martínez, la ciudadanía padece una constante ineficiencia en la expedición de licencias, parálisis en los trámites urbanísticos y desorden en el desarrollo territorial de la capital caucana.
James Ruiz
Por su parte, en la Secretaría General, liderada por Edwin Muñoz, señalado como virtual aspirante a la Alcaldía, se comprometieron en solo seis meses más de $4.593 millones de pesos mediante contratación directa, consolidando una vasta estructura burocrática en pleno periodo preelectoral.
Alexander Casas Prado
Administrar los recursos públicos y las competencias sancionatorias del Estado exige una decencia inamovible. Los gobernantes y secretarios de despacho administran bienes e instituciones que le pertenecen de manera exclusiva a la ciudadanía, no a sus intereses personales o de grupo.
Cuando la autoridad de tránsito se acomoda para eximir de multas a familiares de aliados políticos, o cuando la contratación pública se utiliza para estructurar plataformas de campaña, se rompe el principio de igualdad ante la ley. Mientras a un ciudadano de a pie se le exige pagar de donde no tiene, para el entorno de un congresista en Colombia, con un salario bruto mensual cercano a los $55 millones de pesos, no hay inconveniente alguno en desaparecer las sanciones.
Como antecedente clave en este entramado, el concejal Alex Trujillo había denunciado previamente la presunta existencia del "cartel de las multas", señalando graves anomalías en la tramitación, caducidad y cobro de los comparendos en Popayán. Sus señalamientos abrieron el camino para que las autoridades judiciales exigieran a la administración municipal informes detallados sobre todas las resoluciones sancionatorias emitidas durante la gestión de Lizeth Plazas.
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La grave crisis de movilidad y la opacidad en las dependencias municipales exigen una reconstrucción urgente de la ética en el poder local. Aunque la ciudadanía ha ido perdiendo la fe en el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo y su promesa de "Recuperar a Popayán", el anhelo colectivo se mantiene firme: mientras haya vida hay esperanza, y los habitantes de esta capital aspiran a ver resurgir a Popayán con la gloria de antaño.
La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación avanzan en la revisión de los expedientes físicos y digitales para determinar posibles responsabilidades penales y disciplinarias relacionadas con los delitos de prevaricato, tráfico de influencias y cohecho.
Alexander Casas Prado
Entretanto, la ciudadanía de Popayán permanece a la espera de que el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo defina el reemplazo definitivo en la Secretaría de Tránsito, exigiendo un perfil técnico, idóneo e independiente de compromisos burocráticos.
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